El próximo 1 de agosto de 2025, la entrada en vigor de la Stablecoin Ordinance marcará el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del ecosistema de activos digitales de Hong Kong. En el centro de esta transformación figura un conjunto de directrices pioneras de prevención de blanqueo de capitales (AML), promulgadas por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA). No se trata de simples listas de procedimientos, sino de una estructura cuidadosamente concebida y orientada a dar forma a una nueva generación de stablecoins reguladas, transparentes y con reconocimiento internacional.
Las directrices consolidan principios regulatorios ya conocidos, como la diligencia debida del cliente (CDD) y la comunicación de operaciones sospechosas (STR), pero van más allá al establecer un requisito de máximo alcance global: la identidad de cada titular de stablecoin deberá ser verificable de manera continua. No se trata de un control puntual en la incorporación, sino del mantenimiento de un ecosistema donde todos los participantes en la cadena de valor sean reconocibles e identificables.
La norma, de apariencia sencilla pero con efecto transformador, establece que solo será posible transferir una stablecoin licenciada a una dirección de billetera vinculada de forma confirmada a una persona o entidad cuya identidad ha sido verificada. El proceso de verificación puede realizarlo el emisor, una entidad financiera regulada o un proveedor externo autorizado. En definitiva, la HKMA proyecta un entorno de stablecoins sin anonimato, donde todo queda sometido a responsabilidad y trazabilidad.
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Para los defensores de la blockchain tradicional y los puristas de DeFi, esta medida podría interpretarse como el cierre de la arquitectura abierta propia de los sistemas sin permiso, sustituyendo el ideal sin fronteras de los registros públicos por un modelo “cerrado” y con restricciones. Sin embargo, su imposición responde a la mayor presión internacional respecto al anonimato en las operaciones.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, FATF por sus siglas en inglés), principal referencia en estándares AML, advierte desde hace tiempo acerca de los riesgos sistémicos derivados de billeteras “no alojadas” o autogestionadas que operan directamente entre pares. Este tipo de operaciones, al evitar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) regulados, escapan al control KYC tradicional y a las exigencias de la “Travel Rule”, que requiere incluir datos identificativos del remitente y receptor en cada transacción relevante. El mandato de la HKMA anticipa y contrarresta esta vulnerabilidad, incorporando las reglas de cumplimiento directamente en la naturaleza de los activos digitales.
El Banco de Pagos Internacionales (BPI, BIS) añade otro argumento de peso. Diversos informes han puesto de relieve la “ilusión de la descentralización” presente en muchos sistemas DeFi. Aunque la infraestructura pueda estar distribuida, las decisiones reales y el control suelen recaer sobre desarrolladores, operadores o órganos de gobernanza plenamente identificables. Permitir la anonimidad total de las transacciones dificulta la aplicación de normas AML/CFT y compromete la estabilidad financiera. Para lograr una integración eficaz y segura de DeFi en las finanzas tradicionales, el BIS sostiene que es imprescindible resolver los vacíos en el cumplimiento normativo. Así, la postura de la HKMA apunta tanto a la preparación del ecosistema de Hong Kong para el futuro como al cumplimiento de los estándares globales actuales.
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El desafío fundamental es su aplicación: ¿cómo garantizar el cumplimiento en una blockchain pública sin sacrificar la funcionalidad y liquidez del activo?
La clave reside en incorporar el cumplimiento normativo al propio diseño del token, de modo que ningún traslado se produzca sin que se cumplan las condiciones exigidas. Técnicamente, esto se logra gracias a arquitecturas de “token con permisos”, capaces de verificar en la propia cadena la elegibilidad de las direcciones antes de ejecutar la transacción. Este enfoque se articula mediante listas blancas: solo se permiten transferencias entre billeteras previamente autorizadas para enviar y recibir.
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Un marco consolidado y muy relevante es ERC‑3643, estándar oficial de Ethereum optimizado para activos digitales regulados como stablecoins y valores tokenizados.
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ERC‑3643 es mucho más que una norma técnica; constituye un marco integral de cumplimiento directamente integrado en la estructura del activo digital. Este estándar separa de manera eficiente los requisitos legales y regulatorios de la lógica transaccional del token, manteniéndolos interconectados para funcionar en armonía. El núcleo de esta arquitectura lo ocupa el contrato de token, el código on-chain que representa la stablecoin. A diferencia de los tokens convencionales, está programado para verificar el cumplimiento de ciertos requisitos previos antes de autorizar cualquier transferencia. En lugar de mover los fondos instantáneamente, el contrato de token realiza una consulta a una capa adicional: el contrato de cumplimiento.
El contrato de cumplimiento, programado como portero automático, determina si la transacción es viable según las instrucciones configuradas. Para ello, consulta un tercer componente fundamental: el registro de identidad. Este registro en la blockchain asocia cada dirección de billetera a un conjunto de atributos verificables sobre el propietario, conocidos como “atributos verificables”. Estos atributos pueden acreditar la superación de controles KYC, indicar la jurisdicción de residencia o reflejar posibles sanciones asociadas a la dirección.
Al intentar transferir una stablecoin, el contrato de token recurre al contrato de cumplimiento, que verifica los atributos verificables tanto del remitente como del destinatario según el registro de identidad. Solo si todas las condiciones —como la validación KYC o la ausencia de sanciones— se cumplen, la transferencia se ejecuta. El proceso es completamente automático y en tiempo real, integrando el cumplimiento normativo en la rapidez y certeza propia de la blockchain. El sistema es instantáneo, objetivo y transparente, proporcionando a los reguladores registros vivos y auditables de la operativa.
Gracias a la interacción entre token, registro y lógica de cumplimiento, ERC‑3643 convierte las directrices regulatorias en controles on-chain autoejecutables. Las transferencias anónimas dejan de tener cabida; las direcciones problemáticas pueden ser congeladas o restringidas de inmediato; el cumplimiento de la “Travel Rule” se facilita y los reguladores disponen de una visión clara sobre la aplicación de las reglas en todo el ecosistema. En definitiva, el cumplimiento se traslada del papel al propio comportamiento de la blockchain.
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La regulación de stablecoins en Hong Kong implica mucho más que cumplir con la normativa; revela la voluntad de la ciudad de posicionarse como referente global en activos digitales regulados. Al exigir la participación de titulares con identidad verificada, la HKMA crea las condiciones para que las stablecoins sean instrumentos financieros seguros y aptos para el mercado general, superando el marco especulativo o de nicho.
El mensaje para los emisores es claro: la adopción de tecnologías como ERC‑3643 deja de ser una apuesta de futuro para convertirse en requisito operativo inmediato. Responde a exigencias como la “Travel Rule” del GAFI/FATF, proporciona transparencia a los supervisores y ofrece garantías reputacionales a los actores institucionales.
Lejos de restringir la innovación, el diseño de stablecoins con cumplimiento normativo integrado en el código amplía la gama de casos legítimos de uso —desde pagos minoristas a liquidaciones internacionales— y fortalece el vínculo entre la innovación Web3 y las finanzas tradicionales.
Así, Hong Kong no rechaza las finanzas descentralizadas: está cimentando un ecosistema de stablecoins robusto, fiable y de alcance global, apto para la confianza internacional y el crecimiento sostenido del mercado.
En adelante surge una cuestión relevante: si la verificación de identidad y el registro de direcciones de billetera se normalizan en jurisdicciones adscritas al GAFI y en los principales centros financieros, ¿cómo evolucionará el proceso para lograr mayor seguridad sin comprometer la experiencia del usuario? La respuesta podría residir en el desarrollo de soluciones de Identidad Descentralizada (DID) sobre blockchain, que prometen mayor control individual sobre los datos personales y, al mismo tiempo, cumplimiento regulatorio riguroso. Queda por ver si estas tecnologías se convertirán en el puente preferido entre las exigencias de los supervisores y la usabilidad que demandan los usuarios de activos digitales.